En mayo de 2006, USA Today reportó
que tres de las cuatro principales empresas de telecomunicaciones con líneas terrestres de Estados Unidos
habían cooperado con
la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en la lucha contra el terrorismo al entregarle registros de miles de millones de
llamadas telefónicas realizadas por los estadounidenses. AT&T, Verizon Communications y BellSouth contribuyeron al programa contra el terrorismo de la NSA. Qwest
Communications International fue la única de las cuatro grandes que retuvo sus registros.
La revelación de USA Today provocó
una lluvia de controversias. Los medios de comunicación, los defensores de la privacidad y los críticos de la administración Bush expresaron su indignación contra el programa y cuestionaron su legalidad. El Washington Post se refirió al programa como "una intrusión masiva a la privacidad personal".
El asunto recibió un escrutinio
particularmente fuerte porque salió a la luz
pública sólo cinco meses después de que el presidente Bush dijera que había
autorizado a la NSA, sin previa autorización judicial, a escuchar las llamadas telefónicas internacionales de los estadounidenses sospechosos de tener lazos con el terrorismo. Combinadas, las dos
historias provocaron una preocupación intensa entre los activistas de la prívacidad, quienes temieron que el gobierno estuviera llevando a cabo un proyecto extendido de extracción de datos en contra de los ciudadanos estadounidenses.
El presidente Bush no reconoció la
existencia de una iniciativa semejante. Solamente
dijo que "las actividades de inteligencia que autoricé están dentro de la ley y se han remitido a los miembros apropiados del Congreso". Y agregó: "No nos estamos inmiscu- yendo en las vidas personales de los estadounidenses
inocentes" y que se estaba "protegiendo fieramente" la privacidad de los ciudadanos.
¿Qué hicieron exactamente las empresas telefónicas por el gobierno? Después del 11 de septiembre de 2001 comenzaron a entregar decenas de millones
de
registros sobre llamadas telefónicas a la NSA, cuyo objetivo era construir una base de datos de cada una de las llamadas realizadas dentro de Estados Unidos. Los registros que
entregaron contenían
solamente números
telefónicos e información como hora, fecha y duración de las llamadas; no incluían
nombres, direcciones ni otros datos personales. La NSA contactó a Qwest al
mismo tiempo que a las demás, pero Joseph Nacchio, el director general de la empresa en ese momento (quien posteriormente se vio involucrado en un escándalo de compraventa de acciones), se rehusó a cooperar. Nacchio fundamentó su decisión en el hecho de que la NSA no había obtenido una autorización
judicial ni se había sometido a otros procesos legales al solicitar los datos.
Las consideraciones éticas surgidas de este caso motivaron una gran cantidad de opiniones de ejecutivos, políticos, conocedores, activistas
y expertos en leyes. Las empresas telefónicas mencionaron que creían firmemente en la protección de la privacidad de sus
clientes, pero afirmaron que en asuntos de se- guridad nacional esta creencia debía coexistir con una obligación de cooperar a la aplicación de la ley y con el gobierno . Un comunicado de AT&T resumió la postura de la empresa de la manera siguiente: "Si a AT&T se le solicita ayuda, la otorgaremos estricta- mente
dentro del marco de la ley y bajo las condicio- nes más
rigurosas". Verizon hizo una declaración
si- milar pero también declinó comentar sobre su presunta conexión con un plan nacional de seguridad "sumamente confidencial". La empresa también señaló que las notas
periodísticas de sus acuerdos de datos contenían errores factuales.
Después de analizar el problema, los expertos en leyes de ambas partes del mismo expresaron sus opiniones respecto a las acciones realizadas por las empresas telefónicas. Los legisladores comenzaron a buscar casos judiciales similares casi de inmediato. Los clientes manifestaron
su malestar y preocupación directamente
a través de las líneas de atención al diente. Dos abogados de Nueva Jersey entablaron un juicio por 5,000 millones de dólares en contra
de Verizon en representación del público que
acusó a la empresa de infringir las leyes de
privacidad.
Algunos intelectuales y defensores
de la privacidad coincidieron
en que las empresas de telecomunicaciones se habían extralimitado. Estos expertos citaron la Ley de Privacidad Electrónica de 1986, que permite a las empresas entregar al gobierno datos so- bre llamadas sólo en casos extremos (por ejemplo, para proteger a
individuos que están en peligro inminente de sufrir algún daño). La creación de
una base de datos de los registros no cumple estos criterios. James X. Dempsey, del
Centro para la Democracia y la Thcnología, apuntó que la ley contempla
una pena mínima de 1,000 dólares
por cada cliente cuyos datos de llamadas fueran entregados al gobierno. De acuerdo con la cantidad de registros aportados a la base de os de la NSA, las empresas telefónicas enfrentaron penas civiles que llegaban a cientos de millones o quizá miles de millones de dólares.
Dempsey echó por tierra la idea de que las empresas telefónicas no infringieron la ley porque los regis-
tros que entregaron sólo incluían números
telefónicos pero no información de identificación. Según Dempsey, la ley
no especifica
que dicha
información personal tiene que intercambiarse para que se considere una violación. Ésta fue la posición generalizada entre los criticos del programa de la NSA. Sostenían que los números telefónicos podían relacionarse fácilmente con información personal, como nombres y direcciones, por medio de bases de datos
que están a disposición pública en Internet.
Un alto funcionario del gobierno que habló en
forma anónima admitió que la NSA había accedido a la mayoria de las llamadas telefónicas domésticas aun cuando, según Kate Martin, del Centro para Estudios de
Seguridad Nacional, reglamentos federales le impedirían obtener dichos datos sin autorización judicial. El funcionario gubernamental
dijo que el alcance del programa era reducido puesto que la base de datos
sólo se utilizó para rastrear las comunicaciones de individuos de quienes se sospechaba que tenían vínculos con el terrorismo.
La Fundación de la Frontera
Electrónica (EFF), un organismo de control privado, coincidió con la opinión de Martin. La EFF apoyó su argumentación en el Pen Register
Statute, el cual prohíbe al gobierno recopilar datos de llamadas sin una orden de la corte, y en la Cuarta Enmienda, que abarca los derechos
a la privacidad y la búsqueda e incautación
sin razón. Sin embargo, el impacto de una defensa como ésta en la corte era incierto. En respuesta a la controversia sobre la intervención telefónica suscitada
cinco meses antes, la administración Bush recurrió al Artículo Ir de la Constitución que le autoriza a emplear la intervención telefónica como una herramienta en la lucha contra el terrorismo. Además, el Congreso prácticamente expidió un cheque en blanco al presidente al darle la facultad de utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada" en la guerra contra el terrorismo.
No era de sorprender que el Congreso tuviera tan- to que decir como cualquiera. Varios senadores expresaron sus opiniones y solicitaron una investigación. Las opiniones no
siempre seguían la línea del partido.
El senador Dick Durbin, un demócrata de Illinois, consideró que las acciones de las empresas telefónicas ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y que se debía obligar a las empre- sas a comparecer ante el Comité Judicial del Senado. Durbin fue respaldado por el presidente del comité, el senador Arlen Specter, un republicano de
Pennsylvania. El senador Specter tenía la intención de requerir a los ejecutivos de las empresas telefóni- cas para que rindieran su testimonio acerca del pro- grama de base de datos de la NSA. El líder de
la ma- yoría en la Cámara, John Boehner, de Ohio, yel senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, tam- bién cruzaron las líneas
partidistas al cuestionar
la necesidad de un programa como éste. El senador Graham preguntó: "¿Cómo se explica la idea de recopilar miles de
millones de números telefónicos en la
persecución del enemigo?"-
Los defensores del programa respondieron que el propósito del programa era descubrir patrones en los registros de llamadas que indicaran la presencia de actividades terroristas. Los analistas de inteligencia y los extractores de datos comerciales se refieren a esto como "análisis de vínculos", que es una técnica para extraer patrones significativos de enormes cantida- des de datos. Los defensores del programa criticaron acremente a los medios de comunicación que lo sa- caron a la luz pública. El representante
Peter Hoeks- tra, un republicano de Michigan y presidente
del Co- mité de Inteligencia de la Cámara, insistió en que los reportes sobre los programas del NSA
menoscaba la seguridad nacional. Declaró: l/En lugar de permitir a nuestros profesionales de inteligencia que enfoquen su atención en los
terroristas, otra vez estamos en- frascados en un debate sobre lo que nuestra comuni- dad de inteligencia podría o no estar
haciendo". El presidente Bush hizo eco de esta opinión y declaró que las
filtraciones de asuntos
de inteligencia delica- dos siempre peIjudican la capacidad del gobierno pa-
ra enfrentar al terrorismo.
El senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, también se manifestó en contra de la necesidad de. investigar el programa. El senador Sessions respon- dió a las críticas resaltando que el programa no im- plicaba una vigilancia real de
las conversaciones tele- fónicas y, por lo
tanto, no merecía el escrutinio a que se le había sometido. En sus
declaraciones, el presidente también hizo todo lo posible para establecer la diferencia entre espiar conversaciones telefónicas
y recopilar datos de llamadas.
En mayo de 2006, altos funcionarios de inteligencia revelaron que el alcance de las operaciones de espionaje de la NSA estuvieron fuertemente impulsadas
por el vicepresidente Dick Cheney y su oficina. El vicepresidente y su principal asesor legal, David S. Addington, comenzaron a
presionar para que se vigilaran las llamadas
telefónicas domésticas y los correos electrónicos sin autorización judicial poco después del 11 de septiembre. Ambos consideraban
que la Constitución otorgaba al ejecutivo poderes que abarcaban este tipo de espionaje doméstico, así como ciertas tácticas de interrogatorio para el trato con sospechosos de terrorismo. No obstante, la NSA dio marcha atrás por consejo de su propio equipo legal. Como resultado, la
NSA limitó el espionaje a las llamadas en las cuales cuando menos uno de los
participantes estuviera fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, al parecer la
realización de estas operaciones entra en conflicto con la Ley de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA), que requiere autorización de la corte
para cualquier inter- vención telefónica dentro de Estados Unidos. Nancy Libin,
del Centro para la Democracia y la Thcnología, indicó que, de acuerdo con la
FISA, la escucha de cualquier llamada telefónica sin una autorización judicial,
independientemente de que sea nacional o internacional, es ilícita. No
obstante, aunque la FISA incluye la intervención telefónica, no prohíbe explí-
citamente el tipo de minería de datos que se realizó en el programa de base de
datos de la NSA.
En junio de 2006, una corte
federal de California emitió un documento relacionado con el juicio de la EFF
contra AT&T que arroja luz sobre la forma en que la empresa telefónica
podría haber proporciona- do sus datos a la NSA. En el documento, J. Scott Marcus,
quien se ha desempeñado como asesor de tecno- logía de Internet para la
Comisión Federal de Comunicaciones, evalúa evidencia presentada a la EFF por un
ex técnico de AT&T de nombre Mark Klein. Este último manifestó que AT&T
reconfiguró su red en San Francisco e instaló sistemas de cómputo especiales en
una habitación secreta para desviar
y recopilar el tráfico de Internet para que
lo utilizara la NSA. Marcus concluyó que la descripción que hace Klein de una
red privada derivada de la principal red de Internet de AT&T lino era
consistente con las prácticas normales de AT&T". Marcus fue más allá e
hizo notar que en la época de la reconfiguración, AT&T no tenía un buen
desempeño financiero y es poco probable que hubiera podido realizar esos costosos
cambios de infraestructura por sí sola.
En julio de 2006, el senador
Specter anunció que se había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para dar a
la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera la autoridad para revisar la
constitucionalidad de los programas de vigilancia de la NSA. La corte tendría
facultades para determinar si la intervención telefónica cae dentro del poder
del presidente para luchar contra el terrorismo. El acuerdo permite que los
procedimientos y fallos de la corte se realicen en se- creto. A pesar de que ya
se estableció la supervisión judicial de las actividades de la NSA, continúa el
de- bate sobre la eficacia de este acuerdo. La Unión de Libertades Civiles de
Estados Unidos y la destacada demócrata de California Jane Harman, del Comité
de Inteligencia de la Cámara, acusó al senador Specter de realizar demasiadas
concesiones, incluyendo una importante protección a la Cuarta Enmienda.
La Casa Blanca ganó varios puntos
importantes en este acuerdo, incluyendo la facultad para apelar las decisiones
de la corte; cambiar la redacción para que el envío de un programa a la corte
fuera opcional pa- ra la administración, y la garantía de que el acuerdo no
deroga ninguna parte de la autoridad constitucional del presidente. Por otra
parte, era sabido que el principal magistrado de la corte tenía serias dudas
acerca de las acciones de la NSA, incluso antes de que el programa saliera a la
luz. La ley que decreta el poder de la FISA sobre las intervenciones telefónicas
de la NSA sigue en espera de aprobación en el Congreso
PREGUNTAS DEL CASO:
1-¿El creciente poder y capacidad de vigilancia del
gobierno de Estados Unidos representa un dilema ético? Explique su respuesta.
Si, representa un dilema
ético pues el gobierno de los Estados Unidos al encontrarse en la situación que
se estaba viviendo en esa época del 11 de septiembre del 2001 con el suceso
ocurrido en las torres gemelas debido a la desesperación por encontrar
información posible sobre los terroristas las empresas telefónicas
proporcionaron al gobierno decenas de millones de registros sobre llamadas
realizadas dentro de los Estados Unidos causando con esto, bajo el criterio de
muchos la invasión a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
2-Realice un análisis ético sobre el asunto del empleo de
datos de telecomunicaciones en la lucha contra el terrorismo por parte del
gobierno de Estados unidos
En julio de 2006 Tres empresas de
telecomunicaciones cooperaron con la NSA en la lucha contra el terrorismo
enviando registros de miles de millones de llamadas telefónicas realizadas por
los estadounidenses.
Cuando se dio a conocer este acto se provocó una gran controversia: los medios
de comunicación, los defensores de la privacidad y los críticos de la
administración Bush expresaron su indignación contra el programa y cuestionaron
su legalidad.
Como valores implicados tenemos: por parte del programa, la necesidad de
proteger a los ciudadanos de actos terroristas. Por parte de los cuestionadores
de su legalidad, la necesidad de proteger la privacidad individual.
En julio de 2006 el senador Specter anuncio que se había llegado a un acuerdo
con la casa blanca para dar a la corte de vigilancia de inteligencia extranjera
la autoridad para revisar la constitucionalidad de los programas de vigilancia
de la NSA.
Se revisará el programa del NSA en las cuales se podrá observar los datos
adquiridos y los vínculos que ellos explican, puede que ello lleve a una
solución o no. Cabe resaltar que no se llegó a un acuerdo definitivo.
3 - ¿Cuáles son los aspectos éticos, sociales y políticos
que surgen de la creación de gigantescas bases de datos por parte del gobierno
de Estados Unidos para recopilar datos de millones de estadounidenses?
-El aspecto ético más importante es que no se respetó la privacidad de las
personas
-El principio social es la intención del gobierno de proteger a toda la nación
de los ataques terroristas pero la forma en que se llevo esto no fue la
correcta.
-La constitución y las leyes de USA aun no son tan consistentes, porque los SI
implican aspectos políticos para la creación de base de datos.
4-¿Cuál es la responsabilidad de una empresa como
At&t o Verizon en este asunto?
La responsabilidad de las dos empresas de telecomunicaciones es el de la
protección a la privacidad de sus clientes.
Pero en asuntos de seguridad nacional decidieron cooperar con el gobierno.
Entonces como consecuencia los aspectos éticos, sociales y políticos que surgen
son:
4.1-¿Cuáles son los aspectos éticos, sociales y políticos
que surgen cuando una empresa, en este caso una empresa telefónica trabaja con
el gobierno de esta manera?
-Ir contra la privacidad de sus clientes tomando como factor más importante a
la seguridad nacional.
-No se dio un consentimiento informado a sus clientes.
-No están dispuestos a responder frente a la responsabilidad legal.
-Decidieron apoyar al gobierno, sin medir las consecuencias.
5 - Exprese su opinión sobre el acuerdo
al que llegaron la Casa Blanca y el Comité Judicial del Senado en relación con
el programa de intervención telefónica de la NSA.
A pesar de que ya se
estableció la supervisión judicial de las actividades de la NSA, continúa el
debate sobre la eficacia de este acuerdo.
5.1 - ¿Constituyo una solución efectiva?
En realidad ese problema
ha quedado sin resolver de acuerdo a la lectura, porque tocar problemas de esta
naturaleza es difícil debido a los valores y a la privacidad social.
